Incumplimiento de las normas de seguridad constituye un accidente de trabajo que debe ser indemnizado

Incumplimiento de las normas de seguridad constituye un accidente de trabajo que debe ser indemnizado

CAS. Nº 17638-2015 AREQUIPA

Indemnización por daños y perjuicios.

PROCESO ORDINARIO.

Sumilla.- El accidente de trabajo sufrido por el actor como consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de su ex empleadora, constituye un accidente de trabajo que debe ser indemnizado. Lima, quince de agosto de dos mil dieciséis.

VISTA, la causa número diecisiete mil seiscientos treinta y ocho, guion dos mil quince, guion AREQUIPA; en audiencia pública de la fecha; con el voto ponente del señor juez supremo Yrivarren Fallaque, con la adhesión de los señores jueces supremos Arias Lazarte, De La Rosa Bedriñana y Malca Guaylupo; y con el voto en minoría del señor juez supremo Arévalo Vela, se emite la siguiente Sentencia:

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Manuel Flores Checalla, mediante escrito de fecha once de setiembre de dos mil quince, que corre en fojas mil doscientos veintidós a mil doscientos veintisiete, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, que corre en fojas mil doscientos nueve a mil doscientos dieciocho, que confirmó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha diez de octubre de dos mil catorce, en fojas mil ciento cincuenta y siete a mil ciento sesenta y nueve, que declaró infundada la demanda; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, Empresa de Transportes y Turismo Express Internacional “Sur Oriente” S.C.R.LTDA., sobre indemnización por daños y perjuicios.

CONSIDERANDOS:

Primero: El recurso de casación cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021.

Segundo:

El artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, señala que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada norma, las cuales son: a) la aplicación indebida de una norma de derecho material; b) la interpretación errónea de una norma de derecho material; c) la inaplicación de una norma de derecho material; y d) la contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y según el caso, la parte recurrente indique lo siguiente: a) qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; b) cuál es la correcta interpretación de la norma; c) cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse; y d) cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción.

Tercero:

El recurrente denuncia las siguientes causales de su recurso: i) Inaplicación del inciso k) del artículo 2° del Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud; artículo 12° del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Riesgo; incisos a), b), y d) del artículo 11° del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Riesgo; artículo 1° del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Riesgo; artículo 19° de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud; Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud; D.S. 001-98-SA; Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Riesgo; Decreto Legislativo N° 681, sobre Uso de Tecnologías Avanzadas en Materia de Archivo de Documentos e Información, modificado por Ley N° 26612; inciso a) del artículo 4° de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD); artículos 3°, 24°, 38°, 50° y 85° del Decreto Ley N° 19990, del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. ii) Afectación del derecho al debido proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

Cuarto:

En el caso concreto de autos, previamente a analizar la causal denunciada en el acápite i), es necesario iniciar por el análisis del acápite ii), toda vez que de advertirse la afectación a normas de carácter procesal, corresponderá a esta Sala Suprema declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución de vista; así pues, respecto a la afectación al debido proceso previsto en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú denunciada como causal, debe considerarse que el recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, referidas a normas de naturaleza material. En el caso concreto, se aprecia que el recurrente denuncia “afectación”, la cual no se encuentra prevista como causal de casación en el artículo antes citado, más aún si denuncia una norma de carácter procesal; en consecuencia, la causal invocada deviene en improcedente.

Quinto:

En cuanto a las causales señaladas en el acápite i), se debe tener en cuenta que la inaplicación de una norma de derecho material, se configura cuando se deja de aplicar un precepto que contiene la hipótesis que describe el presupuesto fáctico establecido en el proceso, lo que implica un desconocimiento de la Ley aplicable al caso. Asimismo, cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma de derecho material, no basta invocar la norma o normas inaplicadas, sino que se debe demostrar la pertinencia del precepto a la relación fáctica establecida en las Sentencias de mérito y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento. En el caso de autos, se advierte que el recurrente no ha fundamentado con claridad por qué debieron aplicarse las normas denunciadas, toda vez que sus argumentos son genéricos y no desarrolla la incidencia que en el pronunciamiento podría tener la aplicación de las mismas; en consecuencia, las causales invocadas no cumplen con la exigencia del inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en improcedentes.

Sexto:

No obstante lo anterior, en atención a lo preceptuado por el artículo 392°-A del Código Procesal Civil, este Colegiado admite a trámite el presente recurso en forma excepcional y extraordinaria, por la causal de inaplicación de los artículos 1321° y 1322° del Código Civil, a efecto de verifi car la validez del pronunciamiento que es materia de impugnación.

Sétimo:

Es necesario precisar que, si bien el recurrente no invocó como causal de su recurso de casación la inaplicación de los artículos 1321° y 1322° del Código Civil, esta Sala Suprema no puede eludir que tiene también como misión analizar si durante el proceso sometido a su conocimiento se ha efectuado la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social en aplicación del artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo, debiendo por tanto exigir que en las causales sometidas a su jurisdicción se respeten ciertas reglas esenciales. Octavo:

Antecedentes Judiciales De la demanda que corre en fojas doscientos sesenta y seis a doscientos setenta y siete, subsanada en fojas doscientos ochenta y cuatro, el demandante, Manuel Flores Checalla, solicita se le pague el importe de noventa y cinco mil trescientos con 00/100 nuevos soles (S/.95.300.00) por concepto de indemnización por daños y perjuicios, más intereses legales, con costas y costos del proceso. Fundamenta señalando que en fecha diecisiete de mayo de dos mil cinco, siendo aproximadamente las cinco de la tarde, a la altura de la Ciudad Municipal (Vía Arequipa – Yura), sufrió un accidente como consecuencia del trabajo que ejecutaba, esto es, como conductor de la unidad UH-4802 (ómnibus), de propiedad de la demandada; al haberse presentado un desperfecto, trató de reparar el vehículo y estando debajo del vehículo, este le cayó encima, causándole serias lesiones, con politraumatismo grave, tec grave, contusión pulmonar izquierda, insuficiencia respiratoria aguda tipo I, herida contuso cortante del dedo de mano izquierda, hematoma cervical izquierdo, permaneciendo hospitalizado por espacio de más de dos meses y medio aproximadamente; habiendo quedado inutilizado del brazo izquierdo como consecuencia de dicho accidente; alude que cuando salió del hospital, retomó sus labores, y a pesar de que no podía trabajar la demandada lo obligaba a que condujera los vehículos con una sola mano, hecho que ponía en riesgo a los usuarios, y ante los hostigamientos constantes, se vio obligado a tener que renunciar; señala además, que la Policía Nacional cometió un error al consignar el número de placa del vehículo el UH-2802, siendo el correcto el UH-4802, motivo por el cual ya no retornó para continuar su tratamiento y proseguir con el proceso judicial que correspondía, ya que el representante de la demandada lo persuadió para que viajaran a Puno, en donde supuestamente debía rehabilitarse; refiere que la demandada incumplió una serie de normas laborales como la no inscripción en planillas en forma directa e inmediata desde la fecha de inicio de la relación laboral, teniendo implicancias dicho hecho, toda vez que no se le inscribió en el Seguro Social de Salud, de igual manera, no se le ha inscrito en el Sistema Nacional de Pensiones, que corre a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP); así pues, la demandada tenía la obligación de contratar un seguro de vida; como consecuencia del accidente de trabajo ha quedado lisiado, sin que tenga utilidad su brazo izquierdo. Asimismo, señala que la Comisión Médica de Evaluaciones de Incapacidad del Seguro Social de Salud, ha determinado el 60% de incapacidad, encontrándose a la fecha sin ingreso alguno, por lo que solicita el pago de indemnización por daños y perjuicios. Al respecto, la Sentencia emitida en primera instancia de fecha diez de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas mil ciento cincuenta y siete a mil ciento sesenta y nueve, declaró infundada la demanda, por considerar que sólo se acreditó el daño a la persona, más no el daño emergente, y daño moral; asimismo, no existe relación de causa-efecto entre la citada inejecución o incumplimiento de obligaciones por parte de la demandada (derivado de la relación laboral que existió entre las partes) y el citado daño sufrido por el actor, ya que las citadas obligaciones incumplidas no pueden ser consideradas como causa directa ni indirecta del citado daño que padece el actor (daño a la persona), no confi gurándose por ello el citado elemento de la responsabilidad contractual. Asimismo, la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, que corre en fojas mil doscientos nueve a mil doscientos dieciocho, confi rmó la sentencia apelada, señalando que en autos solo está acreditado que la demandada incumplió sus obligaciones referentes a inscribir al actor en sus planillas de pago, inscribirlo en Essalud, e inscribirlo en el sistema de pensiones; inejecución de obligaciones que tienen el carácter de antijurídicas; en cuanto a la relación de causalidad, señala que la ocurrencia del daño debe tener como causa la acción u omisión imputable al deudor; por ende, no es factible señalar que el hecho de no haber inscrito la demandada al actor en planillas, Essalud, y en el Sistema de Pensiones, este haya sufrido el daño a la persona antes señalado, toda vez que sería ilógico y arbitrario señalar que dichas omisiones hayan producido la discapacidad permanente parcial del miembro superior izquierdo del demandante, y que en todo caso, la causa de dicha discapacidad fue el accidente vehicular que sufrió el demandante, al haber tratado de reparar un vehículo motor, del cual solo era chofer.

Noveno:

En el caso de autos, se declaró procedente de manera excepcional el recurso por la causal de inaplicación de los artículos 1321° y 1322° del Código Civil, los cuales disponen lo siguiente: “Artículo 1321.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Indemnización por daño moral Artículo 1322.- El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento”.

Décimo:

Definición de accidente de trabajo en la doctrina Antes de emitir pronunciamiento sobre la causal declarada procedente, este Supremo Tribunal considera pertinente desarrollar desde un punto de vista de la doctrina la definición de accidente de trabajo; en ese sentido, tenemos que la doctrina contemporánea define al accidente de trabajo como: “ […] aquel que se produce dentro del ámbito laboral o por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho súbito y violento que ocasiona un daño psíquico o físico verificable, en la salud del trabajador […]”1. La Decisión 584 de la Comunidad Andina, define al accidente de trabajo: “[…] a todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. Es también, accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo”2. Por su parte CORTÉS CARCELÉN señala al respecto: “El trabajo se presta conforme a las instrucciones que da el empresario con sometimiento a sus directrices en cuanto al modo, intensidad, tiempo y lugar, integrándose al trabajador a un todo organizado que no controla, encontrándose impedido de establecer por sí mismo las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo su trabajo, por lo que éstas descansan en el empresario. Con la actual configuración de la obligación general de prevención la deuda del empleador se extiende a la protección íntegra del trabajador, de su salud y seguridad, siendo suficiente entonces con que el daño se produzca como causa o consecuencia de la prestación laboral para que se proceda al análisis de los demás elementos tipificantes de la responsabilidad contractual a fi n de determinar si el daño se deriva de un incumplimiento contractual del empleador. En consecuencia, la responsabilidad del empleador frente a un accidente de trabajo o enfermedad profesional es contractual”3.

Décimo Primero:

Normas sobre seguridad y salud en el trabajo Las normas sobre la seguridad y salud en el trabajo son una de las manifestaciones más antiguas de la intervención estatal limitativa de la autonomía de la voluntad de las partes en la relación de trabajo; velar por la seguridad y salud en el trabajo puede considerarse derivación del derecho a la vida y a la integridad física, con lo cual se reconoce el derecho de todo trabajador a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad.

Décimo Segundo:

Si bien nuestra Constitución Política del Perú no reconoce de manera directa el derecho de la seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, consagra derechos que le sirven de fundamento: artículo 2.2 regula el derecho a la vida y a la integridad moral, psíquica y física, luego el artículo 7° reconoce el derecho a la protección de la salud concordante con lo dispuesto en el artículo 10° del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; el artículo 22° concordante con el artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Derechos del Hombre señala al trabajo como deber y derecho y que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas, y el artículo 23° contiene disposiciones sobre la protección del trabajo en sus diversas modalidades y que todos los derechos del trabajador (derecho a la vida, a la integridad moral, física, la salud, deben ser respetados dentro de la relación laboral). Teniendo este marco constitucional, el legislador expidió el Decreto Supremo N° 003-2005-TR, primer dispositivo que estableció disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo recogiendo en su Título Preliminar los Derechos de Protección, Prevención y Responsabilidad al que se ha aludido anteladamente, expidiéndose posteriormente la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Décimo Tercero:

Conforme a lo expuesto, la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil.

Décimo Cuarto:

Resulta pertinente señalar que para la determinación de la existencia de responsabilidad civil, deben concurrir necesariamente cuatro factores, los que a saber son: la conducta antijurídica, el daño, el nexo causal y los factores de atribución. La conducta antijurídica puede defi nirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidente de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo, que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores en cumplimiento de sus labores.

Décimo Quinto:

Por otra parte, el daño indemnizable es toda lesión a un interés jurídicamente protegido, se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. El daño patrimonial, es todo menoscabo en los derechos patrimoniales de la persona; mientras que el daño extrapatrimonial, se encuentra referido a las lesiones a los derechos no patrimoniales, dentro de los cuales se encuentran los sentimientos, considerados socialmente dignos o legítimos, y por ende, merecedores de tutela legal, cuya lesión origina un supuesto de daño moral. El daño moral puede ser concebido como un daño no patrimonial inferido sobre los derechos de la personalidad o en valores, que pertenecen más al ámbito afectivo que al fáctico y económico; en tal sentido, el daño moral abarca todo menoscabo proveniente del incumplimiento de cualquier obligación que se pueda valorar en función de su gravedad objetiva. Asimismo, las lesiones a la integridad física de las personas, a su integridad psicológica y a sus proyectos de vida, originan supuestos de daños extrapatrimoniales, por tratarse de intereses tutelados reconocidos como derechos no patrimoniales. En los casos de accidentes de trabajo la responsabilidad contractual comprende tanto el daño patrimonial, daño emergente y lucro cesante; así como el daño moral.

Décimo Sexto:

El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, ya que de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la no prevención de riesgos del empleador. Los factores de atribución son aquellas conductas que justifican que la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima sean asumidos por el responsable del mismo.

Décimo Sétimo:

Por último, los factores de atribución, los cuales se encuentran constituidos por el dolo, la culpa inexcusable y la culpa leve, los mismos que están previstos en los artículos 1318°, 1319° y 1320° del Código Civil. El dolo debe entenderse en el sentido de la conciencia y voluntad del empleador de no cumplir las disposiciones contractuales sobre seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la culpa inexcusable, está referida a la negligencia grave por la cual el empleador no cumple las obligaciones contractuales en materia de seguridad laboral. En consecuencia, el trabajador víctima de un accidente de trabajo puede invocar contra su empleador como factor de atribución, el dolo o la culpa inexcusable. En el caso que el trabajador no llegase a probar el dolo o la culpa inexcusable y el empleador no logre acreditar que actuó con la diligencia debida, funcionará la presunción del artículo 1329° del referido Código Adjetivo, considerándose que la inejecución de la obligación obedece a culpa leve y por ello deberá resarcir el daño pagando una indemnización.

Décimo Octavo:

El artículo 1321° del Código Civil señala que la indemnización por daños y perjuicios debe ser abonada por quien no ejecuta una obligación por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, quedando comprendido dentro de estos conceptos el daño emergente y lucro cesante, en cuanto son consecuencia inmediata y directa de la inejecución de una obligación. Por otra parte, conforme al artículo 1322° del citado Código, señala que cuando se hubiese producido daño moral, el mismo es susceptible de resarcimiento.

Décimo Noveno:

Conforme se aprecia de autos, la Sentencia emitida en primera instancia desestima la demanda al señalar que no existe relación de causa-efecto entre la citada inejecución o incumplimiento de obligaciones por parte de la demandada (derivado de la relación laboral que existió entre las partes) y el citado daño sufrido por el actor; por otro lado, la Sentencia de mérito impugnada confirma la referida Sentencia al concluir que no se puede señalar que el hecho de no haber inscrito la demandada al actor en planillas, en el Seguro Social de Salud, y en el Sistema de Pensiones, este haya sufrido el daño a la persona.

Vigésimo:

Conforme a lo expuesto precedentemente, en relación al daño se advierte que el recurrente prestó servicios en la empresa demandada, Empresa de Transportes y Turismo Express Internacional “Sur Oriente” S.C.R.LTDA. desde el veinte de diciembre de dos mil hasta el veinticinco de julio de dos mil cinco, desempeñando el cargo de chofer de ómnibus, lo que se acredita con las copias certificadas de los actuados en el Expediente N° 2006-00593-0-0401-JR-LA-04, que contiene el proceso judicial seguido por el demandante, sobre pago de beneficios económicos, en contra de la demandada, y que obra de folios mil setenta y cuatro a mil ciento uno. Conforme a ello, el accidente de trabajo del actor resulta incuestionable que se produjo en el desempeño de sus labores, mientras conducía, y al presentarse desperfectos mecánicos, bajó del ómnibus con el fi n de efectuar la reparación, pero al estar detrás de la llanta anterior izquierda, el vehículo rodó sorpresivamente, por espacio de un metro aproximadamente, aprisionándolo entre las llantas y la tierra; tal como se desprende el Ofi cio N° 47-03/RPA/DPRI/ CCM-SIAT, emitido en fecha dieciséis de octubre de dos mil tres por el comisario de la Ciudad Municipal, dirigido al Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Yanahuara, obrante a folios tres, sin embargo, dicho accidente se produjo al no haberse adoptado las medidas de prevención de seguridad y diligencia, por ejemplo, haberse brindado charlas de capacitación, inducción al trabajador, en caso de desperfectos mecánicos de los ómnibus que conducía. Vigésimo Primero: Por otra parte, el factor de atribución viene a ser la culpa inexcusable, toda vez que es el empleador el obligado a garantizar la seguridad e higiene dentro del centro de labores, respetando las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, a fi n de que el prestador de servicios pueda desenvolverse de manera adecuada.

Vigésimo Segundo:

Respecto al daño emergente previsto en el artículo 1321° del Código Civil, tenemos que el actor no acreditó de modo alguno y con ningún medio probatorio los presuntos daños emergentes, como lo exige el artículo 1331° del Código Civil, motivo por el cual corresponde declarar infundada dicha causal. En cuanto al lucro cesante, fundamenta ello en el monto de la pensión de invalidez que hubiera percibido si es que hubiera cumplido con pagar la demandada su seguro, más o menos hasta los sesenta años de edad (promedio de vida), estima que tenía la posibilidad de laborar por lo menos por veintitrés años adicionales; y suponiendo que su jubilación se produjera a los 60 años de edad; pretende se le reconozca a título de lucro cesante las remuneraciones que dejará de percibir en dicho período, haciendo un total de setenta y dos mil con 00/100 nuevo soles (S/.72,000.00). Atendiendo a que el actor tiene una discapacidad permanente parcial con un menoscabo de sesenta por ciento (60%) para el miembro superior izquierdo; lo que supone la posibilidad de realizar determinadas actividades ocupacionales, compatibles con dicho porcentaje de menoscabo y sobre todo con el hecho de que la invalidez declarada sólo es parcial y no limitativa, como se evidencia del certificado de discapacidad N° 02439, emitido en fecha tres de agosto de dos mil seis por la Comisión Médica del Hospital Goyeneche, del Ministerio de Salud; este Colegiado estima que atendiendo a que la invalidez del actor aunque sea parcial es de carácter permanente; surge la necesidad de reconocerle la indemnización respectiva a título de lucro cesante, estimándose como período de percepción de remuneración hasta los 60 años de edad, es decir por veintitrés años.

Vigésimo Tercero:

En relación a la causal de inaplicación del artículo 1322° del Código Civil, tenemos que el daño moral constituye todo aquel daño de naturaleza extrapatrimonial inferido en derechos de la personalidad o en los valores pertenecientes al ámbito de la afectividad, los cuales son susceptibles de ser resarcidos pecuniariamente en función a la gravedad objetiva del menoscabo causado. En el caso de autos, corresponde al actor el pago de una indemnización por daño moral, toda vez que dicha indemnización deriva del incumplimiento de las disposiciones legales y laborales por parte del empleador, y considerando que la empresa demandada, incumplió con su obligación legal de contratar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la cual le otorga una prestación económica por su incapacidad parcial permanente, esta Judicatura considera que atendiendo a la evidente difi cultad de cuantifi car este tipo de daño, su valuación debe enmarcarse dentro de un esquema abstracto; motivo por el cual la referida causal deviene en fundada.

Vigésimo Cuarto:

Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta que no resulta posible la estimación económica exacta del daño moral; debido a que el menoscabo se presenta sobre derechos de contenido no patrimonial, que sin embargo debe ser objeto de resarcimiento, este Colegiado Supremo considera que se debe pagar la indemnización por daño moral. Por las consideraciones expuestas:

FALLO:

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, Manuel Flores Checalla, mediante escrito de fecha once de setiembre de dos mil quince, que corre en fojas mil doscientos veintidós a mil doscientos veintisiete; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, que corre en fojas mil doscientos nueve a mil doscientos dieciocho; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la Sentencia emitida en primera instancia de fecha diez de octubre de dos mil catorce, en fojas mil ciento cincuenta y siete a mil ciento sesenta y nueve, que declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA EN PARTE; ORDENARON el pago de ochenta mil con 00/100 nuevos soles (S/.80,000.00) por concepto de indemnización por lucro cesante y daño moral, más intereses legales, costas y costos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a Ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, Empresa de Transportes y Turismo Express Internacional “Sur Oriente” S.C.R.LTDA., sobre indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como ponente el señor juez supremo Yrivarren Fallaque; y los devolvieron. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARÉVALO VELA, ES COMO SIGUE: Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, Manuel Flores Chacalla, mediante escrito de fecha once de setiembre de dos mil quince, que corre en fojas mil doscientos veintidós a mil doscientos veintisiete, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, que corre en fojas mil doscientos nueve a mil doscientos dieciocho, que confirmó la Sentencia emitida en primera instancia contenida en la resolución de fecha diez de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas mil ciento cincuenta y siete a mil ciento sesenta y nueve, que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) la aplicación indebida de una norma de derecho material; b) la interpretación errónea de una norma de derecho material; c) la inaplicación de una norma de derecho material; y d) la contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada Ley, y según el caso sustente: a) qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; b) cuál es la correcta interpretación de la norma; c) cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse; y d) cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria calificar estos requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Mediante escrito de demanda de fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, que corre en fojas doscientos sesenta y seis a doscientos setenta y siete, subsanada en fojas doscientos ochenta y cuatro, el actor solicita el pago de noventa y cinco mil trescientos con 00/100 nuevos soles (S/.95,300.00) por concepto de indemnización por daños y perjuicios al haber sufrido un accidente de trabajo; más los intereses legales, con costas y costos del proceso. Quinto: En el caso de autos, la recurrente denuncia como causales las siguientes: a) Inaplicación del literal k) del artículo 2° del Decreto Supremo N° 009-97-SA. b) Inaplicación del artículo 1°, literales a), b) y d) del artículo 11° y el artículo 12° del Decreto Supremo N° 003-98-SA. c) Inaplicación del artículo 19° de la Ley N° 26790, Decretos Supremos Nos. 009-97-SA y 001-98-SA. d) Inaplicación del Decreto Legislativo N° 681, modificado por la Ley N° 26612. e) Inaplicación del literal a) del artículo 4° de la Ley N° 27056. f) Inaplicación de los artículos 3°, 24°, 38°, 50° y 85° del Decreto Ley N° 19990. g) Afectación al debido proceso. Sexto: Respecto a las causales contenidas en los literales a), b), c), d), e) y f), debemos decir que la causal de inaplicación de una norma de derecho material, es denominada por la doctrina como error normativo de percepción, ocurre cuando el órgano jurisdiccional no logra identificar la norma pertinente para resolver el caso que está analizando, razón por la cual no la aplica4; en efecto, esta causal está vinculada a la omisión por parte del juzgador en cuanto al empleo o utilización de un determinado enunciado normativo, que de manera inequívoca regula el supuesto fáctico acaecido objeto del litigio, generando consecuencias jurídicas distintas a las atribuidas por el órgano jurisdiccional, por tanto, necesariamente reclama su aplicación, dando lugar a la variación o modificación en el sentido de la decisión impugnada. En tal sentido, el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, prevé que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad y precisión señalando cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, de donde se desprende que no resulta suficiente con citar la norma, sino que además, se debe fundamentar adecuadamente cómo su aplicación cambiaría el resultado del juzgamiento. En el caso sub examine, del análisis de las causales invocadas se aprecia que el impugnante se limita a señalar el contenido de los dispositivos normativos denunciados, no fundamentando adecuadamente el por qué la aplicación de dichas normas infl uiría en el resultado del juzgamiento determinando que la decisión acogida por la instancia revisora resulte diferente; razón por la cual incumple con la exigencia prevista en el inciso c) del artículo 58° de la citada Ley Adjetiva, debiendo por ello declarase improcedentes las causales invocadas. Sétimo: En relación a la causal contenida en el literal g), denunciada como afectación al debido proceso, resulta pertinente señalar que el recurso de casación por su naturaleza extraordinaria y formal requiere del cumplimiento de determinados requisitos establecidos por la ley para su interposición, dentro de los que se encuentran las causales para recurrir en casación. Dichas causales vienen a ser los supuestos contemplados en la ley como justifi cantes para la interposición de dicho recurso, las cuales se encuentran previstas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; es decir, la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material; no encontrándose contemplada la afectación a normas de naturaleza adjetiva o procesal; razón por la cual deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación del artículo 144° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS: MI VOTO es porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante, Manuel Flores Chacalla, mediante escrito de fecha once de setiembre de dos mil quince, que corre en fojas mil doscientos veintidós a mil doscientos veintisiete; SE ORDENE la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a Ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, Empresa de Transportes y Turismo Express Internacional “Sur Oriente” S.C.R.L.; sobre pago de indemnización por daños y perjuicios. S.S. ARÉVALO VELA 1 DE DIEGO, Julián Arturo: “Manual de riesgos del trabajo”. Lexis Nexos. Abelardo Perrot. 4ta Edición. Buenos Aires, 2003. pagina 32. 2 Decisión 854. Sustitución de la Decisión 547-Instrumento andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3 CORTES CARCELEN, Juan Carlos “Responsabilidad empresarial por accidente de trabajo y enfermedades profesionales”. En: Diálogo con la Jurisprudencia N° 43. Abril 2002. 4 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Apuntes para un estudio sobre el Recurso de Casación en el Proceso Civil Peruano”. En Revista Peruana de Derecho Procesal N° I; Lima-Perú, Setiembre 1997; p. 30. C-1520815-248

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