Reintegro de remuneraciones y otros.

Reintegro de remuneraciones y otros.

Publicado: Martes 28 de Febrero 2017

CAS. LAB. Nº 17-2015 MOQUEGUA Reintegro de remuneraciones y otros.

PROCESO ORDINARIONLPT.

SUMILLA.- En el presente proceso, está acreditada la vulneración de la garantía constitucional del derecho al debido proceso y el de la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que el recurso interpuesto deviene en fundado. Lima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTA; la causa número diecisiete, guion dos mil quince, guion, MOQUEGUA; en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A.), mediante escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos cuarenta y seis a seiscientos cincuenta y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos dos a seiscientos doce, que confirmó la Sentencia apelada de fecha doce de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta y nueve a quinientos cincuenta y seis, que declaró fundada en parte la demanda; y modificó el monto ordenado a pagar en cuarenta y siete mil ciento sesenta y ocho con 29/100 nuevos soles (S/.47,168.29); en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Silvia Judith Lapenta García, sobre reintegro de remuneraciones y otros.

CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fecha catorce de setiembre de dos mil dieciséis, que corre en fojas ciento veintidós a ciento veinticinco del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por la demandada por las causales de: Infracción normativa de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, conforme a lo previsto en el artículo 121º, los incisos 3) y 4) del artículo 122º y el artículo 197º del Código Procesal Civil; e incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú; correspondiendo a éste Colegiado Supremo emitir pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO:

Primero: Trámite del proceso. a) Demanda Por escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil doce, que corre en fojas sesenta y tres a setenta y cinco, la accionante pretende que la demandada le reconozca el concepto de bonificación por tiempo extra ascendente al 20% sobre el haber básico acordado para los trabajadores administrativos en el punto 17 del convenio colectivo de mil novecientos ochenta y tres que rige a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y tres, ratificada su percepción en forma permanente en los sucesivos convenios colectivos de trabajo de mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos noventa y nueve como bonificación consolidada, y en el convenio Colectivo de Trabajo del año dos mil once; el pago de cincuenta y siete mil quinientos dieciséis con 01/100 nuevos soles (S/.57,516.01) por concepto de reintegro de remuneraciones; se incluya y se registre en la planilla de pagos y boletas la percepción de la bonificación consolidada por tiempo extra en el monto de doscientos diecinueve con 64/100 nuevos soles (S/.219.64) como parte integrante de su remuneración ordinaria mensual; se le reconozca y pague la suma de cuatro mil sesenta y siete con 40/100 nuevos soles (S/.4,067.40) por concepto de asignación por manejo de dinero, correspondiente al periodo de abril de dos mil dos a julio de dos mil doce; se registre en planillas y boletas de pago la asignación por manejo de dinero, ascendente a treinta y dos con 88/100 nuevos soles (S/.32,88) mensuales; más intereses legales, costos y costas del proceso. Sustenta la demanda
manifestando que tiene el cargo de auxiliar administrativo y que hasta la fecha no le pagan dicho concepto; sin embargo, a los trabajadores José Demetrio Braga Díaz y Humberto Luis Lazabara Saldarriaga, trabajadores del Terminal Portuario de Ilo que ostentan el mismo cargo sí se les paga dicho beneficio. b) Contestación de demanda Por su parte la demandada, mediante escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos veintisiete a trescientos treinta y cinco, contesta la demanda argumentando que en el Acta de Solución punto 4to. Condiciones de Trabajo, Convenio Colectivo 1981, se establece expresamente que la bonificación por tiempo extra equivalente al 20% del haber básico, sólo comprende a los funcionarios y administrativos de la oficina del terminal marítimo del Callao y demás unidades operativas; y, en el caso de terminales provinciales, únicamente le corresponde a los funcionarios administrativos; la misma que es ratificada por el convenio colectivo de 1983, punto 17; en ese sentido, la actora al no tener la condición de funcionaria no le corresponde el pago de dicho beneficio. En cuanto al pago de la Asignación por manejo de dinero, otorgado en el punto 7 del Convenio Colectivo de Trabajo de 1991; precisa que desde el año de mil novecientos noventa y siete, los pagos por concepto de haberes mensuales y beneficios sociales se realizan a través de depósitos bancarios o cheques, de modo tal, que ya no se usa dinero en efectivo, utilizándose únicamente para caja chica, supuesto que no está considerado para el pago de dicho beneficio. c) Sentencia El Juez del Primer Juzgado Mixto de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, mediante sentencia de fecha doce de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta y nueve a quinientos cincuenta y seis, declaró fundada la demanda, y ordenó que la demandada cumpla con el pago de cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y siete con 19/100 nuevos soles (S/.57,667.19) por concepto de bonificación por tiempo extra ascendente al 20% sobre el haber básico y reintegro de remuneración, con costas y costos, y declaró infundada el extremo que ordena incluir y registrar en las planillas y boletas de pago la percepción de la bonificación consolidada por tiempo extra y bonificación por manejo de dinero; expone como fundamento, que la actora se encontraba laborando en la fecha de expedición del convenio colectivo; por tanto, se encuentra dentro de sus alcances sobre todo si el convenio de mil novecientos ochenta y tres no hace distinción alguna para gozar de dicho beneficio; en cuanto a que la bonificación por tiempo extra sólo le corresponde a los trabajadores que laboran en el puerto del Callao o funcionarios de las unidades orgánicas, el Juez sostiene, que dicho derecho no puede ser discriminatorio entre iguales, por tanto, asistiéndole al señor Humberto Luis Lazabara Saldariaga el derecho demandado, también debe ser extensible a favor de la actora, puesto que ostentaba el mismo cargo administrativo dentro de la misma empresa. En cuanto al reconocimiento y pago de la asignación por manejo de dinero, sostiene que los convenios colectivos que alega la demandante no especifican ni diferencian el concepto de caja chica, por ello no podría hacer el juzgado tal distinción o diferencia en contra de la trabajadora demandante, más aún, cuando es otorgado a favor del trabajador Tomas Cadenas Pérez; por lo que, la accionante al haber demostrado tener el cargo de auxiliar administrativo – tesorería, también le corresponde dicho beneficio. En cuanto al registro en planillas y boletas de los conceptos demandados, el juez sostiene, que la actora al haber cesado en su labor desde el veintinueve de abril de dos mil trece, no corresponde realizar la inclusión de los conceptos demandados en las boletas y planillas de pago de remuneraciones. d) Resolución de Vista Por su parte, el Colegiado Superior de la Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, en virtud a la apelación planteada por la parte demandada, confirmó la sentencia apelada que declara fundada la demanda y ordenó el pago de cuarenta y siete mil ciento sesenta y ocho con 29/100 nuevos soles (S/.47.168.29) por reintegro del concepto de bonificación por tiempo extra ascendente al 20% sobre el haber básico y asignación por manejo de dinero; sustentaron como fundamento de su decisión, que el convenio al que se hace referencia no hace una distinción entre los trabajadores, a efectos de percibir la bonificación reclamada en función de los criterios de trabajo, categoría, nivel, lugar de labor, horario, ingresos generados, que señala la demandada; por lo que, no se puede distinguir donde el convenio no lo hace; por tanto, el que no se pague la bonificación en el porcentaje que corresponde constituye un supuesto de incumplimiento de convenio. En cuanto a la asignación por manejo de dinero, el Colegiado Superior sostienen, que es un hecho aceptado por la demandada que la accionante estaba a cargo de la caja chica, por tanto, le corresponde percibir dicha asignación.

Segundo: Causal de casación En el caso concreto de autos, la infracción normativa consiste en: i) Infracción normativa de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, conforme a lo previsto en el artículo 121º, los incisos 3) y 4) del artículo 122º y el artículo 197º del Código Procesal Civil; ii) Infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú; por lo que, corresponde a esta Suprema Sala absolver el recurso; de conformidad con el artículo 39º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 294971.

Tercero: Corresponde analizar si el Colegiado Superior al emitir la Sentencia de Vista, incurrió en infracción normativa de las siguientes normas:

Cuarto.- Infracción del debido proceso Con respecto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, están necesariamente comprendidos los siguientes: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los magistrados, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o material.

Quinto.- Infracción a la debida motivación Con respecto a la infracción normativa del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas, d) Motivación insuficiente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones cualificadas.

Sexto.- En ese sentido, la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido como principio de la administración de justicia por el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, implica que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, al emitir pronunciamiento poniendo fin a un conflicto o a una incertidumbre jurídica, deben fundamentar adecuadamente su decisión, pronunciándose sobre todos los hechos controvertidos, expresando y justificando objetivamente todas aquellas razones que los conducen a adoptar determinada posición, aplicando la normativa correspondiente al caso concreto; motivación que debe ser adecuada, suficiente y congruente, entendiéndose por motivación suficiente al mínimo exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la resolución se encuentra debidamente motivada; en consecuencia, la omisión de tales exigencias conllevaría a la emisión de una resolución arbitraria que no se encuentre fundada en derecho; lo que a su vez devendría en una falta de tutela jurisdiccional efectiva.

Sétimo.- De autos se aprecia que la Sentencia de Vista ha confirmado lo resuelto por el Juez de origen, bajo el argumento de que en el presente caso se habría producido únicamente el incumplimiento del punto diecisiete del Convenio colectivo de mil novecientos ochenta y tres, que corre en fojas ciento dieciocho a ciento veintiséis; sin embargo, el contradictorio expresado por la demandada hace referencia a que dicha cláusula convencional tuvo como antecedente y fuente de origen lo dispuesto en el Acta de Solución Punto 4to. Condiciones de Trabajo Convenio Colectivo 1981, de modo, que se afecta el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales cuando no se da respuesta a lo argumentado en el contradictorio, sea para estimar o desestimar dicho argumento, sobre todo si lo acordado en el acta de solución referido tendría como ámbito subjetivo a los trabajadores del Terminal Portuario del Callao, mientras que la demandante formula su pretensión por un periodo de labores que prestó en el Terminal Portuario de Ilo; asimismo, se debe analizar el Convenio Colectivo de 1981 que es el que da origen a la citada acta; así como, las boletas de pago presentadas por el actor que corren de fojas tres y cuatro, donde consta que ocupó el cargo de Técnico Administrativo en Tesorería. En cuanto a la asignación por manejo de dinero, en la Sentencia de Vista el Colegiado Superior confi rma la Sentencia apelada, sosteniendo que es un hecho aceptado por ambas partes, que la demandante manejaba dinero porque estaba a cargo de la caja chica, y por tanto le corresponde percibir dicha asignación; sin embargo, no analizó si la accionante se encontraba en calidad de titular de cajero pagador o habilitada; así como, sí le corresponde se le abone sólo en los haberes mensuales, gratificaciones, de julio y diciembre e incentivo de productividad o también debe abonarse en las vacaciones, bonifi cación por el 1º de mayo, y pensiones del personal cesante y jubilado; de otro lado, tampoco analizó el Memorándum Nº2582-98-ENAPUSA/ SGGA/GAPER; así como, la Resolución Gerencial Nº015-2002
ENAPU S.A./TPILO/G.

Octavo.- De lo expuesto precedentemente, se determina que las instancias de mérito han incurrido en motivación insufi ciente para resolver el presente proceso; lesionando evidentemente el contenido esencial de la garantía constitucional de la observancia del debido proceso y de la motivación de las resoluciones judiciales contemplados en los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú; razón por la que la causal invocada deviene en fundada.

Noveno.- En cuanto a la infracción normativa del artículo 121º, incisos 3) y 4) del artículo 122º y el artículo 197º del Código Procesal Civil; debemos decir que estas normas legales, están referidas a la motivación de las resoluciones judiciales y a la valoración conjunta de los medios probatorios; por lo que, habiendo quedado establecido en el presente proceso que se ha afectado el derecho al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, esta causal debe declarase fundada. Por estas consideraciones:

FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A.), mediante escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos cuarenta y seis a seiscientos cincuenta y cinco; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos dos a seiscientos doce; e INSUBSISTENTE la Sentencia apelada de fecha doce de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta y nueve a quinientos cincuenta y seis; ORDENARON que el A quo emita nuevo pronunciamiento cumpliendo con fundamentar adecuadamente su decisión con arreglo a ley, y observando las consideraciones que se desprenden de este pronunciamiento; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Silvia Judith Lapenta García, sobre reintegro de remuneraciones y otros; interviniendo como ponente el señor juez supremo Arias Lazarte y los devolvieron.

SS. ARÉVALO VELA,

YRIVARREN FALLAQUE,

ARIAS LAZARTE,

DE LA ROSA BREDIÑANA,

MALCA GUAYLUPO,

1 Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

C-1485493-2

Fuente: Publicado en el Diario el Peruano

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