Retiro del 95.5%, ¿decisión correcta?

Retiro del 95.5%, ¿decisión correcta?

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Seguramente una de las decisiones legislativas más comentadas de los últimos tiempos ha sido la contemplada en la Ley 30425, que dispone la posibilidad que tiene todo afiliado de retirar el 95.5% del total del fondo disponible en su cuenta individual de capitalización (CIC), especificándose que el afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal (dando a entender que quien opte por el retiro del 95.5% de la CIC perderá el derecho a obtener una pensión de jubilación a cargo del Estado).

Orlando de las CasasSocio del Estudio Hernández

La discusión ha sido compleja, pero no podemos perder de vista que contamos con una serie de dispositivos que hacen que la decisión del retiro sea altamente cuestionable. Para ello, haremos breve revisión de algunos aspectos que nos permitirán concluir si lo propuesto por la Ley 30425 es o no correcto.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a los servicios sociales necesarios, y el derecho a seguros en caso de vejez; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que contempla el derecho de toda persona a la seguridad social para protegerse de las consecuencias de la vejez o de cualquier otra causa ajena a su voluntad que la imposibilite física o mentalmente obtener los medios de subsistencia; la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que propone que?el trabajo es un derecho y un deber social, y que este debe prestarse en condiciones que aseguren la vida y la salud, garantizando un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez; y la Constitución Política del Perú, la cual precisa que el Estado debe garantizar el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas, supervisando su eficaz funcionamiento, hace que nos quede claro que la pensión de jubilación es un derecho fundamental.

Esa es la razón por la que el trabajador es un afiliado obligatorio a los sistemas de salud y de pensiones, al margen de su decisión o interés. El Estado debe asegurarse de que al término de la vida laboral, toda persona tenga derecho a una pensión. Esa misma fue la razón por la que hace un tiempo se discutió la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes a los sistemas de pensiones.

Permitir el retiro del 95.5% de la CIC vacía de contenido el derecho fundamental a la pensión. Pero lo peor es que puede provocar la falta de ingresos para subsistir a un gran contingente de personas que ya no se encuentran en edad de trabajar, generando de parte del Estado soluciones a muy alto costo, al margen de la cuestionable decisión de perder (para quienes retiren el fondo) cualquier beneficio de garantía estatal.

Entendemos el problema de las bajas pensiones, pero normas como la promulgada pueden resultar una peor solución.

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